Ecuador registra más de 38 mil presos en el 2021

IBARRA.- En días anteriores en ENTV, canal virtual de diario EL NORTE, estuvo Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de INREDH, quien habló de la Alianza contra las Prisiones y en defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Los miembro de la Alianza mantuvieron una reunión en donde se enfocó varios aspectos importantes y ópticas puntuales y los datos no son halagadores.

“Ecuador registra más de 38 mil presos en el año 2021, 15 mil están sin una sentencia y sus familiares pagan más de 200 dólares mensuales para cubrir sus necesidades mínimas”, se indicó.

Son siete organizaciones sociales feministas, pro-migraciones y de derechos humanos del Ecuador que hicieron un llamado para que el presidente Guillermo Lasso y las autoridades competentes “ejecuten una política pública que incluya en sus resoluciones las posturas de las personas privadas de libertad y sus familiares; que analice la situación como un problema estructural y no como un problema de mera infraestructura, que no se construyan más cárceles, y que las humanice permitiendo visitas más seguidas y menos aislamiento”.

En este llamado también dieron a conocer que la población carcelaria pasó de 20 800 presos en el año 2012 a 38 800 presos en el 2021. Es decir, “pasaron de encarcelar a 136 personas por cada 100 mil habitantes en 2012, a encarcelar a 220 personas por cada 100 mil habitantes en 2020”, señaló Sofía Carpio de Kaleidos.

Para Carpio esta cifra se debe, principalmente, a la construcción de mega cárceles y al endurecimiento de penas en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), medidas implantadas en el país a partir de la reforma penitenciaria del 2014.

La Alianza contra las Prisiones presentó a inicios de octubre de este año una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que “se cumple con los tres requisitos que exige dicho órgano: gravedad (situación compleja donde se violenta los derechos a la vida, integridad y salud en los centros de rehabilitación social); urgencia (con el paso del tiempo, las personas encarceladas se encuentran en riesgo), y la certeza del daño reparado (en relación a las muertes ocurridas en el último año, al ver que el sistema de rehabilitación en el país no funciona), explicó José Valenzuela, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de la PUCE).

“El Estado es el garante de los derechos de las personas encarceladas y debe cumplir todas las sentencias que se encuentran ejecutoriadas”, concluyó Valenzuela. El pasado 29 de septiembre murieron al menos 118 personas en la cárcel del Litoral del Ecuador.