La crisis carcelaria y la inseguridad en el Ecuador

IBARRA.- Víctor Hugo decía que quien abre la puerta de una escuela, cierra una prisión. Los índices delincuenciales en Ecuador se han elevado exponencialmente y cuentan, entre sus causas principales, con factores estructurales de larga data, tales como el narcotráfico, lucha de bandas, asesinatos, sicariatos, robos, femicidios y delitos que son un desafío enorme para el gobierno actual.

Estos factores responden a la violencia estructural según las tesis de Johan Galtung, de marginación, exclusión, falta de acceso a oportunidades y necesidades básicas insatisfechas.

Los ciudadanos y ciudadanas anhelan vivir en espacios más seguros en los que se pueda transitar y ejercer las actividades cotidianas enmarcadas en los preceptos básicos de seguridad ciudadana, entendida, en concordancia con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como el “proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento”.

La seguridad ciudadana exige una estrategia de resiliencia en la cual se pueda fortalecer la acción ciudadana para prevenir la criminalidad, utilizando como estrategias, la recuperación del espacio público en el cual se pueda ganar a la delincuencia.

No obstante, las circunstancias actuales impiden que se puedan aplicar efectivamente estas acciones, dada la condición de amedrentamiento con la que vive la población; especialmente en las urbes principales del país como Quito y Guayaquil. En nuestro país se registra la tasa más alta de homicidios desde el 2015.

A esto se suma la crisis de los centros de rehabilitación social, misma que en análisis de medios internacionales, refleja cifras alarmantes en lo que va de este año, en el que se han evidenciado más de 200 muertes en motines y otros hechos de violencia, según recoge el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pese a haber declarado un estado de excepción, estos episodios no han logrado ser controlados en su totalidad y desde la perspectiva de los Derechos Humanos, el modelo no debería ser únicamente punitivo, marcado por un discurso securitista, sino debería partir de la rehabilitación en el ámbito de la salud, especialmente psicológica y emocional, sin dejar de lado la garantía de derechos que tienen todas las personas y que reza según los estándares internacionales: “Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad a ser tratada con humanidad y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, a no ser sometida a torturas ni a malos tratos y a ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un juicio con las debidas garantías”, en atención al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

A ello se suma el hacinamiento en las cárceles, en que las personas privadas de libertad adolecen de un trato digno y más aún, de espacios efectivos de rehabilitación que les permita, posterior a cumplir su condena, reinsertarse en la sociedad.

Este hacinamiento se produce en gran medida, por el abuso de la prisión preventiva, en la cual muchas personas privadas de libertad, están a la espera de la celebración de un juicio

Sin duda, la situación carcelaria y de inseguridad en el país, no solamente demanda de recursos económicos, sino de voluntad política y profesionalización entre quienes están a cargo de estos procesos, que exigen una reacción multidisciplinaria e integral que redunde en un beneficio colectivo, diferenciando entre los tipos de delito para dar el tratamiento proporcional a cada caso, contando con un sistema de justicia célere, y ojalá, alejado de la corrupción. Recuperar la paz es la gran misión en términos de seguridad que tiene el país.